Con pocos fondos y mucha burocracia, el Programa Federal de Asistencia a Víctimas y a Testigos Amenazados (Provita) de Brasil desalienta denuncias e impide la continuidad de investigaciones penales, debilitando la protección de familias cuyas vidas dependen de este servicio.
Sin embargo, el Provita ostenta 100 por ciento de efectividad, pues ninguna persona bajo su protección ha resultado asesinada.
"Los testigos son esenciales, y hay que fortalecer este servicio, puesto que no tenemos un buen sistema de investigación, y muchos de los testigos son la única prueba para ayudar a solucionar los casos", dijo a IPS el diputado del estado de Río de Janeiro, Marcelo Freixo, del opositor Partido Socialismo y Libertad.
El Provita es un programa del gobierno federal, articulado por la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia. Pero su ejecución es descentralizada. El gobierno firma convenios con los estados, los que a su vez se asocian a organizaciones no gubernamentales, que son las encargadas de prestar asistencia a los testigos protegidos.
En cada estado, la máxima autoridad del programa es su Consejo Deliberativo, integrado por delegados del Ministerio Público (fiscalía), el Poder Judicial, la Secretaría de Defensa Social, el movimiento de derechos humanos y los colegios de psicología y abogacía.
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Para acceder a esta protección, las personas deben estar en situación de peligro tras atestiguar un crimen, manifestarse voluntariamente y ofrecer un testimonio relevante para la investigación judicial. A cambio, se ofrece vivienda, alimentación y capacitación profesional para quienes deban mudarse de municipio o de estado. También se debe proporcionar asistencia social, psicológica y jurídica.
Pero hay denuncias de incumplimientos y atrasos, como demuestra la historia que MAA y su familia relataron a IPS.
Río de Janeiro es uno de los estados más problemáticos en cuanto a recepción de recursos, problema que también se siente en el norteño Pará y en Ceará y Maranhão, en el Nordeste.
La organización no gubernamental que administra el programa en Río de Janeiro lleva cuatro meses sin recibir fondos, y los casi 80 testigos bajo su protección, junto a sus familias, se encuentran muy vulnerables.
"En la práctica, eso significa que el testigo se va a morir de hambre o su familia puede ser desalojada por no pagar el alquiler", dijo Freixo, quien preside la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río.
Según Freixo, la demanda de protección en Río fue muy grande y llegó al punto de que la institución no puede admitir más testigos pues simplemente no tiene dinero.
Por estas dificultades, "los testigos acaban tornándose delincuentes o víctimas, a pesar de ser personas amenazadas que además contribuyeron al Estado", criticó.
Unas 1.200 personas en todo Brasil se encuentran hoy en el Provita. Según divulgó la prensa, este año el presupuesto no sufrió recortes y llega a unos 8,5 millones de dólares. Con estos recursos, el gobierno federal financia cerca de 80 por ciento de los costos anuales de protección de cada persona, estimados en unos 9.000 dólares.
Desde su creación, 4.500 brasileños pasaron por el Provita, y 1.500 de ellos eran testigos. El tiempo de permanencia es de dos años, prorrogable, y la tasa de renuncia es de cuatro por ciento.
En Río de Janeiro se mantiene la protección hasta que la amenaza desaparece o hasta que la persona o familia afectada vive en completa seguridad, dijo a IPS la presidenta del Consejo Deliberativo del programa carioca, la abogada y fiscal Renata Bressan.
Las familias que solicitan protección casi siempre son pobres y viven en zonas donde son frecuentes los delitos violentos, como el tráfico de drogas, o dominadas por grupos paramilitares.
"Existen personas que no están preparadas para sujetarse a tantas reglas, aunque estén bajo una amenaza extrema. Hay quienes tienen un perfil de insubordinación", explicó Bressan. Y quienes rompen las reglas pueden ser excluidos del programa, agregó.
"Quien tiene recursos hace su protección por cuenta propia, se muda y no recurre a la ayuda del Estado. Pero el programa da a las familias condiciones para que puedan vivir", sostuvo.
Bressan reconoció las fallas que ha exhibido el Provita a lo largo de los años, pero destacó que es "cien por ciento exitoso en materia de seguridad, puesto que nunca un testigo que estuviera bajo nuestra protección resultó muerto".
Iniciativa de la sociedad civil
El Provita nació de la sociedad civil como respuesta a la necesidad de preservar a los testigos de asesinatos cometidos por policías y grupos de exterminio del crimen organizado. Hoy colabora con el esclarecimiento de torturas, trabajo esclavo, tráfico de armas y de personas, narcotráfico, corrupción y delitos electorales.
El servicio de protección a las víctimas se inició en 1996 a impulsos del Gabinete de Asesoría Jurídica a las Organizaciones Populares (Gajop) de Pernambuco, estado del extremo nororiental, con apoyo del Ministerio Público (fiscalía) estadual. Su fin era "quebrar el ciclo de impunidad", según la entidad no gubernamental.
Dos años después, cuando iniciativas similares se llevaban a cabo en otros estados, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de la Justicia las oficializó mediante convenios de cooperación técnica y financiera con las autoridades estaduales y con el Gajop, para que ayudara a implementar los nuevos programas.
El 13 de julio de 1999, la ley 9.807 dio al Provita rango de política federal y estableció que buena parte de sus recursos provendrían del presupuesto nacional, si bien los estados tienen autonomía para ejecutar los fondos y la puesta en práctica sigue en manos de la sociedad civil.
Para Bressan, tercerizar un servicio que debe prestar el Estado otorga "cierta tranquilidad", porque garantiza un sentimiento de neutralidad por parte de la sociedad y no genera desconfianza.
"En Brasil, desafortunadamente, la delincuencia permea la política y las secretarías (ministerios estaduales) de seguridad. Hay más tranquilidad cuando un programa como éste no tiene a la policía directamente envuelta", explicó.
El investigador de Amnistía Internacional para Brasil, Patrick Wilcken, dijo a IPS que conoce los relatos de falta de dinero y de testigos en "situaciones precarias", sin hogar ni recursos suficientes para vivir.
"Sé que hoy el servicio de protección pasa por una situación complicada por falta de recursos y por la irregularidad de las partidas. Es una falta burocrática en el sistema federal", dijo Wilcken.
Amnistía planifica abrir en los próximos meses una oficina permanente en Brasil para acompañar, entre otros asuntos de derechos humanos, la protección de testigos.
